El aborto, otra vez

Una vez más la discusión sobre el tema del aborto ha ocupado un lugar relevante en la agenda pública nacional. La Corte Constitucional le ordenó al Procurador General de la Nación que rectificara algunas de sus afirmaciones y las de sus procuradoras delegadas, que pretendían desincentivar la práctica del aborto, y hacer un seguimiento estricto -y no amplio, como quisieran los promotores de los “derechos sexuales y reproductivos de la mujer”- de las causales despenalizadas por la misma Corte en el año 2006. 

En las sociedades democráticas, las discusiones sobre las cuestiones morales controversiales son interminables. Las uniones entre homosexuales, las cuestiones relativas al inicio y al fin de la vida (aborto y eutanasia), los alcances y los límites de las libertades de expresión, religión y culto, así como los asuntos bioéticos  (investigación con embriones, manipulación genética) entre otros, son cuestiones que por sí mismas dividen las opiniones de la ciudadanía. Son temas que despiertan una gran sensibilidad, pues dichas convicciones involucran aspectos filosóficos, sicológicos, religiosos, políticos y culturales de gran calado, y para muchos se trata de  asuntos no negociables. 

Por ello, la forma como en el país se sigue adelantando el debate público sobre el aborto, que es el tema controversial y divisivo por excelencia en el mundo actual, sigue siendo muy precaria democráticamente. Sobre todo porque no hemos aprendido a convivir con el desacuerdo. Eso es precisamente lo que pone en entredicho la reciente decisión de la Corte, que supone imponerle a un funcionario público su propia visión del tema, convirtiéndose con ello no solo en guardián de la Constitución, sino en defensora de la verdad y la ortodoxia jurídica. 

Más allá de eso, lo decisivo políticamente sería evitar valerse del poder público para imponerle a los demás una determinada concepción, por razonable o bien fundada que esté. Es decir, la Corte no debería asumir que tiene la última palabra sobre un problema que no sólo es jurídico. Y desde el Ministerio Público no se debería desconocer que las causales despenalizadas tienen justificación en el ordenamiento colombiano vigente. 

Ponernos de acuerdo en que sobre los temas morales controversiales no habrá un consenso social implica renunciar a la idea dogmática de que la Constitución y las normas traen consigo una visión de la vida que todos debemos compartir hasta en sus más pequeños detalles. Por eso, el incidente entre la Corte y el Procurador sienta el precedente de que la discusión sobre estas materias se personalizará aún más, y quienes defiendan la liberalización del aborto serán vistos como defensores de la Corte, y quienes se opongan a la misma, o aboguen por la objeción de conciencia del  personal médico y los funcionarios públicos serán calificados como defensores del Procurador. Así se suelen simplificar acá las discusiones públicas. 

Con ello, pierde la democracia colombiana, pues lo más razonable sería que unos y otros sustenten su posición con los mejores argumentos, y que si quieren, intenten convencer a quienes piensan lo contrario, mostrándoles por qué están equivocados. En este sentido, la verdad debe ser un asunto de reflexión, ponderación, diálogo y persuasión, y no de imposiciones ideológicas o institucionales. El desacuerdo no se puede suprimir por decreto. 

Publicado en El Mundo, 28 de Septiembre de 2012.