Razón pública y aborto
El filósofo liberal John Rawls propone la razón pública como una categoría que sugiere las condiciones de justificación pública que debe contener todo discurso que pretenda validez política. Es un hecho que los ciudadanos profesan una diversidad de doctrinas razonables, religiosas, filosóficas y morales, sin embargo, deben ser capaces de explicarse unos a otros los fundamentos de sus actos en términos que cada cual espere razonablemente que los demás puedan suscribir también, dado que son congruentes con su libertad y su igualdad ante la ley. En medio del pluralismo de cosmovisiones presentes en la sociedad, el profesor de Harvard prevé una guía de deliberación pública que deben acatar los ciudadanos cuando votan y los funcionarios públicos, especialmente los jueces. La finalidad de la razón pública no es el acuerdo ni el consenso en materia moral o filosófica. Tampoco la simplificación de tales doctrinas. Rawls tiene la ilusión de arribar a un “consenso entrecruzado”, es decir, que en medio de tal diversidad, todas las posturas apoyen unos elementos constitucionales esenciales y un ideal de la justicia como equidad, en vistas a la cohesión de la sociedad.
Recientemente ha vuelto al foro público la cuestión acerca de la despenalización del aborto en el país. A propósito de este debate, vale la pena preguntarse si la racionalidad pública rawlsiana aporta claves para que el mismo no se convierta en un callejón sin salida. El propio Rawls se ocupa del espinoso tema del aborto entendido como un derecho. Ante una cuestión tan disputada, los ciudadanos deben votar de acuerdo con los valores políticos aceptados por la comunidad (entre nosotros la Constitución de 1991), pues éstos zanjarían la cuestión. Sin embargo, ello no cierra la discusión en el ámbito democrático. Rawls aclara que en el ámbito de la sociedad civil –iglesias, universidades, organizaciones y asociaciones– los ciudadanos no están sujetos a las condiciones de la racionalidad pública, sino a la lógica de sus cosmovisiones.
Rawls alude a los católicos como ejemplo de quienes se oponen a reconocer el aborto como un derecho, y aclara que el razonamiento acerca de la cuestión no se agota en una decisión institucional. (Una sentencia de la Corte Constitucional no puede pretender zanjar el asunto). En efecto, a pesar de la decisión de la Corte Suprema –Roe vs Wade– de 1973, la sociedad norteamericana está muy lejos de un acuerdo social en torno al tema: la encuesta Gallup de 2009 señala que el 51% de los estadounidenses se declaran en contra del aborto o “pro-life”, mientras que la cifra a favor del mismo o “pro-choice” se redujo al 42%.
Desde el punto de vista de la razón pública, los católicos y pro-vida pueden continuar su debate en contra del aborto, aunque su postura no haya tenido apoyo mayoritario (como en la sentencia C-355/06). Pero además, “la exigencia de la razón no pública de la Iglesia católica, según la cual sus miembros deben seguir su doctrina (de no abortar) es perfectamente compatible con el acatamiento de la razón pública”, precisa Rawls. Por lo tanto, aunque puedan y deban rechazar una decisión como ésta, que ha sido adoptada de acuerdo con la razón pública (cosa que en nuestro caso es muy discutible pues la sentencia se apoya en una visión liberal y kantiana de los derechos, y constituye una contradicción con el preámbulo y el artículo 11), los católicos pueden buscar que se revierta o modifique la decisión de las instituciones legítimas, presentando argumentos de conformidad con la razón pública en contra de tal derecho (como el incidente de nulidad que interpuso la Procuraduría recientemente). Al fin y al cabo, como señala Ratzinger, el fiel sabe que, al final, su única arma es precisamente la racionalidad de los argumentos que propone en la arena política y la lucha por formar a la opinión pública.
Ante las cuestiones públicas más controvertidas, deberíamos esforzarnos por adelantar la discusión únicamente sobre la base de argumentos racionales. Las descalificaciones, los sectarismos, y las posturas laicistas que promueven una tolerancia selectiva son poco razonables.
Apostilla: Ojalá todavía haya encrucijada en el alma del Presidente.
Publicado en El Mundo, Medellín, 12 de noviembre de 2009.
Bogotá, 10 de noviembre de 2009.
Recientemente ha vuelto al foro público la cuestión acerca de la despenalización del aborto en el país. A propósito de este debate, vale la pena preguntarse si la racionalidad pública rawlsiana aporta claves para que el mismo no se convierta en un callejón sin salida. El propio Rawls se ocupa del espinoso tema del aborto entendido como un derecho. Ante una cuestión tan disputada, los ciudadanos deben votar de acuerdo con los valores políticos aceptados por la comunidad (entre nosotros la Constitución de 1991), pues éstos zanjarían la cuestión. Sin embargo, ello no cierra la discusión en el ámbito democrático. Rawls aclara que en el ámbito de la sociedad civil –iglesias, universidades, organizaciones y asociaciones– los ciudadanos no están sujetos a las condiciones de la racionalidad pública, sino a la lógica de sus cosmovisiones.
Rawls alude a los católicos como ejemplo de quienes se oponen a reconocer el aborto como un derecho, y aclara que el razonamiento acerca de la cuestión no se agota en una decisión institucional. (Una sentencia de la Corte Constitucional no puede pretender zanjar el asunto). En efecto, a pesar de la decisión de la Corte Suprema –Roe vs Wade– de 1973, la sociedad norteamericana está muy lejos de un acuerdo social en torno al tema: la encuesta Gallup de 2009 señala que el 51% de los estadounidenses se declaran en contra del aborto o “pro-life”, mientras que la cifra a favor del mismo o “pro-choice” se redujo al 42%.
Desde el punto de vista de la razón pública, los católicos y pro-vida pueden continuar su debate en contra del aborto, aunque su postura no haya tenido apoyo mayoritario (como en la sentencia C-355/06). Pero además, “la exigencia de la razón no pública de la Iglesia católica, según la cual sus miembros deben seguir su doctrina (de no abortar) es perfectamente compatible con el acatamiento de la razón pública”, precisa Rawls. Por lo tanto, aunque puedan y deban rechazar una decisión como ésta, que ha sido adoptada de acuerdo con la razón pública (cosa que en nuestro caso es muy discutible pues la sentencia se apoya en una visión liberal y kantiana de los derechos, y constituye una contradicción con el preámbulo y el artículo 11), los católicos pueden buscar que se revierta o modifique la decisión de las instituciones legítimas, presentando argumentos de conformidad con la razón pública en contra de tal derecho (como el incidente de nulidad que interpuso la Procuraduría recientemente). Al fin y al cabo, como señala Ratzinger, el fiel sabe que, al final, su única arma es precisamente la racionalidad de los argumentos que propone en la arena política y la lucha por formar a la opinión pública.
Ante las cuestiones públicas más controvertidas, deberíamos esforzarnos por adelantar la discusión únicamente sobre la base de argumentos racionales. Las descalificaciones, los sectarismos, y las posturas laicistas que promueven una tolerancia selectiva son poco razonables.
Apostilla: Ojalá todavía haya encrucijada en el alma del Presidente.
Publicado en El Mundo, Medellín, 12 de noviembre de 2009.
Bogotá, 10 de noviembre de 2009.
Comentarios
Saludos.
Ana Lucia Gutierrez del Carpio.
1. Rawls parece creer que a los que principalmente tiene que convencer de que la razón pública no contradice su fe es a los católicos. Robert P. George y otros tantos creen que tal cosa no es posible, pero me parece interesante que Rawls, un filósofo liberal, considera válido que los creyentes participen del debate público a condición de que traduzcan sus posturas a argumentos de razón pública.
No se puede desconocer que la tendencia dominante de hoy, el laicismo, llega a negar que siquiera tengan derecho.
2. Rawls parte de la base de que el consenso entrecruzado se da a partir de doctrinas razonables, y la de los católicos lo es. Por lo tanto, pueden participar válidamente en el debate público.
En suma, me interesaba mostrar simplemente que desde la teoría política liberal hay argumentos para situar un debate como el del aborto como una cuestión racional, en la cual no se puede discriminar o descalificar de entrada una postura que invoque un fundamento moral, religioso o filosófico.
... y además no aportan absolutamente nada al debate público, sólo aumentan la confusión de los ciudadanos a los que desde hace un buen tiempo están intentando educar con menor capacidad crítica y con mayor cantidad de criterios ligth.
Felicitaicones, buen artículo!