Otro paradigma contra las drogas
En los medios de comunicación del país fue recibido con bastante favorabilidad el documento de la Comisión Latinoamericana sobre drogas y democracia “Drogas y democracia en América Latina: hacia un cambio de paradigma”, difundido por los ex presidentes Ernesto Zedillo, César Gaviria y Fernando Henrique Cardoso. Arguyendo su ineficacia práctica, el documento cuestiona duramente el paradigma prohibicionista promovido desde EEUU, y sugiere imitar las políticas de despenalización de algunos países europeos cuyo tratamiento del consumo de drogas es como una cuestión de salud pública y no como un asunto policial. Sugiere reducir el consumo mediante acciones de información y prevención, y focalizar la represión sobre el crimen organizado. Más específicamente propone la despenalización del consumo personal de marihuana arguyendo que no solo las políticas de erradicación han mostrado ser ineficaces, sino que los daños causados por aquella son semejantes a los del alcohol y el tabaco.
Escrito a medio camino entre un texto académico y un ensayo divulgativo, hay que celebrar la aparición del documento puesto que promueve un debate público sobre un asunto de fuerte impacto social y que involucra políticas públicas. Sin embargo, una lectura crítica del informe presentado en Río, no puede dejar de resaltar los siguientes interrogantes: Si se despenaliza el consumo de marihuana, ¿ello no incentivará proporcionalmente su producción, tráfico y comercialización? Es decir, si parte del eslabón es el tráfico, cuyas dramáticas consecuencias sociales son mencionadas en el texto, ¿de dónde se infiere que una política de tolerancia con el consumo de la dosis personal (como la que se impuso en Colombia desde la sentencia de la Corte) no incrementará las otras partes de la cadena? ¿Es absolutamente cierto y verídico que los daños causados por la marihuana son semejantes a los del alcohol y el tabaco? Si es así, ¿por qué no se citaron los estudios científicos que así lo demuestran? ¿Los Estados latinoamericanos estarían preparados para tratar a los consumidores de droga como pacientes, teniendo en cuenta que estos están afiliados mayoritariamente a un sistema congestionado, lento e ineficaz como el de la salud pública? ¿No es incoherente que como política pública el Estado exhiba ‘ex-viciosos’ para desincentivar el consumo, pero al mismo tiempo no reproche institucionalmente el consumo de algunas de estas sustancias? ¿Dicha política sería coherente con un Estado Social de Derecho, que tiene dentro de sus propósitos el cuidado y el respeto de la vida y la dignidad de todo ser humano? Por ello, ¿las políticas públicas deben establecerse únicamente con base en argumentos pragmáticos? ¿En este debate hay lugar para razones éticas y antropológicas?
Parte del diagnóstico del documento de la guerra contra las drogas es interesante, y parece evidente que se impone una revisión del prohibicionismo en los términos como se ha venido aplicando. Pero no se puede desconocer que en países en los que se ha liberalizado el consumo de estupefacientes, al incrementarse éste se han creado más incentivos para su producción y comercialización (más clientes), y con ello el número de adictos. Pero además, no se puede dar por cierto un sofisma, y es que el objetivo de la lucha contra las drogas es ‘un mundo sin drogas’. Ello es ingenuo conceptualmente y políticamente imposible. El propósito es un eficaz desincentivo y una sólida contención de un mal social que promueve un negocio macabro que corrompe funcionarios estatales, enriquece ilegítimamente a unos pocos, y promueve una cultura mafiosa y homicida. Pero sobretodo, corrompe a nuestros niños y jóvenes. En ellos también habría que pensar.
Publicado en El Colombiano, Medellín, 5 de marzo de 2009, y en El Mundo, Medellín, 9 de marzo de 2009.
Bogotá, 13 de febrero de 2009.
En los medios de comunicación del país fue recibido con bastante favorabilidad el documento de la Comisión Latinoamericana sobre drogas y democracia “Drogas y democracia en América Latina: hacia un cambio de paradigma”, difundido por los ex presidentes Ernesto Zedillo, César Gaviria y Fernando Henrique Cardoso. Arguyendo su ineficacia práctica, el documento cuestiona duramente el paradigma prohibicionista promovido desde EEUU, y sugiere imitar las políticas de despenalización de algunos países europeos cuyo tratamiento del consumo de drogas es como una cuestión de salud pública y no como un asunto policial. Sugiere reducir el consumo mediante acciones de información y prevención, y focalizar la represión sobre el crimen organizado. Más específicamente propone la despenalización del consumo personal de marihuana arguyendo que no solo las políticas de erradicación han mostrado ser ineficaces, sino que los daños causados por aquella son semejantes a los del alcohol y el tabaco.
Escrito a medio camino entre un texto académico y un ensayo divulgativo, hay que celebrar la aparición del documento puesto que promueve un debate público sobre un asunto de fuerte impacto social y que involucra políticas públicas. Sin embargo, una lectura crítica del informe presentado en Río, no puede dejar de resaltar los siguientes interrogantes: Si se despenaliza el consumo de marihuana, ¿ello no incentivará proporcionalmente su producción, tráfico y comercialización? Es decir, si parte del eslabón es el tráfico, cuyas dramáticas consecuencias sociales son mencionadas en el texto, ¿de dónde se infiere que una política de tolerancia con el consumo de la dosis personal (como la que se impuso en Colombia desde la sentencia de la Corte) no incrementará las otras partes de la cadena? ¿Es absolutamente cierto y verídico que los daños causados por la marihuana son semejantes a los del alcohol y el tabaco? Si es así, ¿por qué no se citaron los estudios científicos que así lo demuestran? ¿Los Estados latinoamericanos estarían preparados para tratar a los consumidores de droga como pacientes, teniendo en cuenta que estos están afiliados mayoritariamente a un sistema congestionado, lento e ineficaz como el de la salud pública? ¿No es incoherente que como política pública el Estado exhiba ‘ex-viciosos’ para desincentivar el consumo, pero al mismo tiempo no reproche institucionalmente el consumo de algunas de estas sustancias? ¿Dicha política sería coherente con un Estado Social de Derecho, que tiene dentro de sus propósitos el cuidado y el respeto de la vida y la dignidad de todo ser humano? Por ello, ¿las políticas públicas deben establecerse únicamente con base en argumentos pragmáticos? ¿En este debate hay lugar para razones éticas y antropológicas?
Parte del diagnóstico del documento de la guerra contra las drogas es interesante, y parece evidente que se impone una revisión del prohibicionismo en los términos como se ha venido aplicando. Pero no se puede desconocer que en países en los que se ha liberalizado el consumo de estupefacientes, al incrementarse éste se han creado más incentivos para su producción y comercialización (más clientes), y con ello el número de adictos. Pero además, no se puede dar por cierto un sofisma, y es que el objetivo de la lucha contra las drogas es ‘un mundo sin drogas’. Ello es ingenuo conceptualmente y políticamente imposible. El propósito es un eficaz desincentivo y una sólida contención de un mal social que promueve un negocio macabro que corrompe funcionarios estatales, enriquece ilegítimamente a unos pocos, y promueve una cultura mafiosa y homicida. Pero sobretodo, corrompe a nuestros niños y jóvenes. En ellos también habría que pensar.
Publicado en El Colombiano, Medellín, 5 de marzo de 2009, y en El Mundo, Medellín, 9 de marzo de 2009.
Bogotá, 13 de febrero de 2009.
Comentarios
Sólo por poner un ejemplo: el hecho de que en la actualidad nuestros estados tengan un sistema de salud pública precaria, que impida tratar la adicción como una enfermedad (cosa que creo que es cierta: tenemos, por lo menos en Colombia, un sistema de salud pública que es incapaz de enfrentar el consumo como una enfermedad), es un argumento que no da (buenas) razones para criminalizar al consumidor. Del mismo modo podría decirse que la precariedad del sistema penitenciario (que es deficitario -perdóneseme la cacofonía- y a todas luces macabro en relación con el respeto de la dignidad, como ha sido reconocido por la Corte Constitucional), sería un argumento para decir que no puede penalizarse el consumo.
Pues bien: creo que tienes razón en que hay que sopesar las razones que puede aportar la antropología, por ejemplo, y hay que pensar qué efectos tiene la penalización en el individuo, y respecto de la conducta individual del consumidor. Estoy convencido de que la pena no inhibe al consumidor, pero eso no quiere decir que el Estado deba promover el consumo.
Los argumentos pragmáticos en el diseño de las políticas públicas no son desedeñables per se. Lo que sugiero es que no son las únicas razones que se deben tener en cuenta. Por ello, me pareccen insuficientes. Más aún cuando se trata de temas particularmente sensibles. De allí mi reclamo a que en este asunto se consideren también razones éticas y antropológicas.
Más aún, la clásica teoría de la estricta neutralidad del Estado ante las cosmovisiones del bien que tienen los ciudadanos está muy revaluada hoy en día. Grandes teóricos contemporáneos de la política (Ralws, Habermas) han explorado formas en las cuales dichas cosmovisiones tengan un lugar en el ámbito democrático. Por eso, en discusiones como éstas, descartar de plano dichos argumentos me parece además simplista.
Coincido en que la penalización del consumo no inhibe a los consumidores. Más aún, estoy de acuerdo con que las cárceles pueden no ser el mejor destino de éstos. Pero creo que la sanción sí debe estar circunscrita al derecho penal puesto que, como sociedad, sigue siendo la herramienta de mayor reproche social que nos hemos inventado en Occidente.
Recomiendo ampliamente la excelente columna del escritor Juan Carlos Botero aparecida hoy en El Espectador. Allí destaca la desconexión con la realidad que tiene la propuesta teórica de la despenalización (él la trata como legalización, en lo cual, más allá del tecnicismo jurídico no le falta razón, dado que lo que se despenaliza termina por ser regulado).
http://www.elespectador.com/columna124819-no-legalizacion