Entrevista para El Colombiano sobre la destitución del Alcalde Gustavo Petro
Iván Garzón Vallejo, director del Programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, considera que la decisión del procurador General Alejandro Ordóñez no provocará vacíos institucionales en Bogotá.
¿El procurador actúo o no conforme a la ley?
“Facultades sí tiene. La pregunta sería más bien, no en términos de derechos o normas jurídicas, porque no solo tiene las facultades jurídicas sino que además la Corte Constitucional ratificó esa función como legítima. La discusión es más bien sobre la conveniencia y los efectos políticos que trae una decisión de carácter disciplinario que tiene consecuencias sobre procesos democráticos, que es lo que estamos viendo”.
¿Pero no es la primera vez que el procurador destituye un alcalde?
“Es inevitable que las normas y los procedimientos jurídicos se cuestionen cuando los resultados son considerados inconvenientes. Y este es uno de esos casos. Muchos de quienes cuestionan la decisión de la Procuraduría lo hacen no por la forma en que Petro está gobernando sino porque están en desacuerdo con que sea un funcionario público quien lo destituya por razones disciplinarias y esa discusión es legítima y hay que darla haciendo el esfuerzo de abstraer sobre quiénes son los implicados. Porque las instituciones no se pueden juzgar de acuerdo con quien es el que la representa”.
¿El alcalde Petro siempre ha argumentado falta de garantías en los procesos que se le han adelantado y hablan de persecución política, este sería el caso?
“Es difícil determinarlo. Lo que evidentemente me parece claro es que las decisiones de la Procuraduría no solo son disciplinarias sino jurídicas. Salir en este caso a decir que la decisión está basada en razones estrictamente jurídicas, me parece que es ignorar que en el fondo hay una decisión de un profundo carácter político. Y en ese sentido, uno podría decir que para la democracia hubiera sido mejor que surtiera efecto la revocatoria del mandato, antes de una destitución”.
¿Pero dónde queda la capacidad de la Procuraduría para vigilar las actuaciones administrativas de los alcaldes?
“Lo que está en discusión aquí no es la función en sí, sino la sospecha de que se actúe selectivamente. La sospecha más fuerte es la falta de imparcialidad”.
¿Qué actuaciones del Procurador se han direccionado para pensar que se trata de una decisión política?
“Las sanciones más estrictas han recaído sobre funcionarios que no son de su tendencia política”.
¿El procurador está quitando del camino a quienes serían sus rivales en una eventual carrera presidencial?
“Podría ser. Pero esta es una decisión muy costosa. Claramente lo que empieza a verse es una exacerbación de la polarización en torno a las funciones del Procurador, en ese sentido el cálculo que debió hacer es sobre los efectos que traería. Mucha gente puede estar contenta, pero al mismo tiempo trae un alto costo político porque desde el gobierno para acá se vienen solidarizando con la situación de Petro. La izquierda se caracteriza por su militancia y capacidad de movilizar y por Petro votó un sector que siempre apoyará a quienes se hagan elegir por esa tendencia. Y la izquierda tiene esa capacidad de aprovechar la victimización. En este caso, el destituido es la víctima. Hay una razón poderosa para concitar esa solidaridad”.
¿Habrá caos en la gobernabilidad?
“No. Seguramente será consensuada con los Progresistas. El Gobierno Nacional no asumirá el costo de dejar insatisfecho a los Progresistas. No veo al Gobierno en el talante de poner a alguien que represente una corriente distinta. Creo que habrá continuidad y se traerán muchas de las políticas, la pregunta es si se va a cambiar el rumbo de las políticas o será más de lo mismo”.
Publicado en El Colombiano, 10 de diciembre de 2013.
¿El procurador actúo o no conforme a la ley?
“Facultades sí tiene. La pregunta sería más bien, no en términos de derechos o normas jurídicas, porque no solo tiene las facultades jurídicas sino que además la Corte Constitucional ratificó esa función como legítima. La discusión es más bien sobre la conveniencia y los efectos políticos que trae una decisión de carácter disciplinario que tiene consecuencias sobre procesos democráticos, que es lo que estamos viendo”.
¿Pero no es la primera vez que el procurador destituye un alcalde?
“Es inevitable que las normas y los procedimientos jurídicos se cuestionen cuando los resultados son considerados inconvenientes. Y este es uno de esos casos. Muchos de quienes cuestionan la decisión de la Procuraduría lo hacen no por la forma en que Petro está gobernando sino porque están en desacuerdo con que sea un funcionario público quien lo destituya por razones disciplinarias y esa discusión es legítima y hay que darla haciendo el esfuerzo de abstraer sobre quiénes son los implicados. Porque las instituciones no se pueden juzgar de acuerdo con quien es el que la representa”.
¿El alcalde Petro siempre ha argumentado falta de garantías en los procesos que se le han adelantado y hablan de persecución política, este sería el caso?
“Es difícil determinarlo. Lo que evidentemente me parece claro es que las decisiones de la Procuraduría no solo son disciplinarias sino jurídicas. Salir en este caso a decir que la decisión está basada en razones estrictamente jurídicas, me parece que es ignorar que en el fondo hay una decisión de un profundo carácter político. Y en ese sentido, uno podría decir que para la democracia hubiera sido mejor que surtiera efecto la revocatoria del mandato, antes de una destitución”.
¿Pero dónde queda la capacidad de la Procuraduría para vigilar las actuaciones administrativas de los alcaldes?
“Lo que está en discusión aquí no es la función en sí, sino la sospecha de que se actúe selectivamente. La sospecha más fuerte es la falta de imparcialidad”.
¿Qué actuaciones del Procurador se han direccionado para pensar que se trata de una decisión política?
“Las sanciones más estrictas han recaído sobre funcionarios que no son de su tendencia política”.
¿El procurador está quitando del camino a quienes serían sus rivales en una eventual carrera presidencial?
“Podría ser. Pero esta es una decisión muy costosa. Claramente lo que empieza a verse es una exacerbación de la polarización en torno a las funciones del Procurador, en ese sentido el cálculo que debió hacer es sobre los efectos que traería. Mucha gente puede estar contenta, pero al mismo tiempo trae un alto costo político porque desde el gobierno para acá se vienen solidarizando con la situación de Petro. La izquierda se caracteriza por su militancia y capacidad de movilizar y por Petro votó un sector que siempre apoyará a quienes se hagan elegir por esa tendencia. Y la izquierda tiene esa capacidad de aprovechar la victimización. En este caso, el destituido es la víctima. Hay una razón poderosa para concitar esa solidaridad”.
¿Habrá caos en la gobernabilidad?
“No. Seguramente será consensuada con los Progresistas. El Gobierno Nacional no asumirá el costo de dejar insatisfecho a los Progresistas. No veo al Gobierno en el talante de poner a alguien que represente una corriente distinta. Creo que habrá continuidad y se traerán muchas de las políticas, la pregunta es si se va a cambiar el rumbo de las políticas o será más de lo mismo”.
Publicado en El Colombiano, 10 de diciembre de 2013.
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