Dudas y certezas ante una polémica decisión

La destitución del Alcalde de Bogotá deja dos certezas, pero sobre todo, abre varias dudas.

La primera certeza es que la Alcaldía de Bogotá ya no es el segundo cargo en importancia del país. Su lugar lo ocupó la Procuraduría General de la Nación. La segunda certeza es que el desgobierno de Bogotá, la improvisación y la victimización como discurso político tuvieron un freno político, pero no aquél que proviene de la decisión de los ciudadanos (revocatoria), sino de un poderoso órgano de control disciplinario (destitución e inhabilitación).

No obstante, es necesario plantear algunas dudas sobre las cuales girará el debate público de los próximos días. 

La primera se refiere a una justificada sospecha sobre la selectividad de las decisiones del Procurador. Es inevitable preguntarse si Alejandro Ordóñez habría tomado la misma decisión si el burgomaestre hubiera sido de un sector político afín al suyo. O si no hubiera implementado políticas culturales e ideológicas diametralmente opuestas a aquellas con las que comulga el titular del Ministerio Público. Las sanciones más estrictas, esto es, destitución e inhabilidad, han recaído sobre políticos de izquierda: Iván Moreno, Piedad Córdoba y Gustavo Petro. 

La segunda es sobre la legitimidad (más no la legalidad) de la decisión. ¿Puede un órgano disciplinario cambiar radicalmente la decisión de los ciudadanos en las urnas? ¿Es conveniente que en una democracia el baremo de la responsabilidad disciplinaria sea más estricto que el baremo de la responsabilidad política? En este sentido, la tercera duda se refiere al papel de los ciudadanos en una democracia. ¿Las elecciones son una suerte de cheque en blanco por un período de tiempo o, por el contrario, traen consigo el deber del escrutinio permanente de los ciudadanos frente a la gestión del gobernante? ¿Por qué una ciudad que se precia de ser el centro del voto de opinión en el país ha sido tan resignada con el desgobierno distrital de los últimos años?

Finalmente, ¿qué viene para Gustavo Petro? Además de la controversia jurídica local e internacional ya iniciada, ¿utilizará la calle para situarse en las coordenadas de los movimientos sociales, movilizando a la ciudadanía y promoviendo una forma de indignación criolla?  

Aunque la decisión ha agudizado el debate público en torno a las funciones de la Procuraduría (especialmente su facultad para destituir funcionarios elegidos popularmente) y el espíritu draconiano del Código Único Disciplinario, al mismo tiempo constituye un fuerte llamado de atención hacia la crisis institucional de Bogotá. 

Por eso, haríamos bien en discutir los aspectos políticos e institucionales (no sólo los jurídicos) que emergieron tras esta situación. Para hacerlo, hay que evitar personalizar la discusión. Aunque en política, ello es casi imposible.