Prosperidad para algunos
Dice el adagio popular que al
pobre no hay que darle el pescado, sino enseñarle a pescar. Con la iniciativa
de regalar 100.000 casas a los más pobres, el gobierno desconoció este principio de
sabiduría popular que simplemente pone de presente que cuando las cosas cuestan
se aprecian y se cuidan mejor. Pero también ignoró que este dicho alerta sobre
el hecho de que quien recibe, se acostumbra a que le den. Lo vemos en los
semáforos…
Pero ojalá la iniciativa
gubernamental sólo planteara inquietudes sobre su conveniencia o
sostenibilidad. Preocupaciones de orden constitucional y presupuestal salen al
paso para aguar la fiesta, aunque muchos prefieran ignorarlas, embriagados quizás
con la falaz idea de que vamos bien, porque no estamos (como nos dijeron) que
estábamos antes. O porque no se han percatado que el costoso regalo no saldrá
de la fortuna personal del presidente o el ministro beneficiario, sino del
bolsillo de todos los contribuyentes.
En lo constitucional, la
iniciativa debe superar el obstáculo del artículo de la Carta política que le
prohíbe al poder público hacer donaciones a personas naturales, así como el
análisis que la Corte Constitucional llevará a cabo teniendo en cuenta la
recién aprobada regla fiscal. No obstante, preocupa el hecho de que esta
propuesta sea interpretada por algunos como una forma de revivir los auxilios
parlamentarios y las dádivas que, otorgadas discrecionalmente por politiqueros, podemos anticipar para qué
servirán. No obstante, pocos se han atrevido a alertar sobre el populismo que
comporta la medida, pues populista es un término inapropiado para calificar a
un gobernante con pretensión de estadista.
Preocupante también que aún no
sepamos cómo se van a manejar las expectativas de quienes sienten que pueden
ser beneficiados con el generoso regalo.
Ya un alcalde encontró una mañana en su despacho una larga cola de interesados,
y le tocó devolverlos a su casa luego de ponerlos a firmar una lista que quizás
ni él mismo sabe para qué servirá.
Pero además, llama la atención
que un gobierno que se ufana de contar con varios tecnócratas se la juegue por implementar
un sistema de subsidios y dádivas que van generando sectores enteros de la población
acostumbrados a la limosna estatal. Un breve recorrido por la Argentina de los
Kirchner o mejor, por la patria del nuevo mejor amigo les podría ilustrar el
efecto bumerán de dichas políticas, especialmente el desincentivo que trae para
el trabajo y el ahorro.
En fin, al parecer los asesores
de Palacio estaban tan conmocionados por la caída vertiginosa del presidente en
las encuestas que necesitaban generar un golpe de opinión. Sólo que éste
cuesta, mal contados, cuatro billones de pesos. Quizás habría sido mejor si
hubieran escuchado el consejo de los asesores de oficio que por aquellos días señalaron
que está bien que Santos caiga en las encuestas, pues al fin y al cabo los
niveles de aprobación de Uribe eran artificiales (¡!). Si les hubieran hecho
caso, por lo menos no tendríamos que pagar todos la vanidad de querer ser
popular posando de populista.
Apostilla: La sanción a Alonso Salazar es el mundo al revés. ¿Cuánto cuesta una reelección de la Procuraduría?
Publicado en El Mundo, Medellín, 11 de mayo de 2012.
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