Marco jurídico (sin hechos de) paz
Aunque para algunos relacionar
a las Farc con el atentado contra Fernando Londoño sea inverosímil o quizás inconveniente,
hasta ahora parece ser la hipótesis más probable. Y aunque Semana calificó como una coincidencia que el hecho haya tenido
lugar el mismo día que se votaba en el Congreso el marco jurídico para la paz,
la coincidencia no deja de ser simbólica y, en cualquier caso, no parece casual
que este hecho ocurra en momentos en que se discute una eventual negociación con
la guerrilla.
No voy a cuestionar el marco
jurídico desde el maximalismo que tanto la izquierda de Human Rights Watch como
la derecha del presidente Uribe han esgrimido, haciendo énfasis en la impunidad
que traería. Es razonable asumir que una solución política del conflicto requiere
una alta dosis de política y menos judicialización, aunque sobre el cuánto de
una y otra la sociedad nunca se pondrá de acuerdo, y ciertamente los
maximalistas siempre polarizarán el debate con preocupaciones válidas. Lo que
parece cuestionable es el modo como está planteada la iniciativa, y por eso
tiene todo que ver con el nuevo momento político que se generó desde el día del
atentado.
Sobre el modo, llama la
atención que se esté buscando una salida jurídica para una desmovilización que
no se ha dado, pero sobre todo, que no sabemos si se dará. Aún con todas las
falencias que tuvo el proceso de Ralito, una cosa está clara: primero fue la
desmovilización, y luego vino el marco jurídico para resolver la situación. Primero
el hecho político excepcional, y después la norma legal para poner orden. ¿Será
que el Gobierno y el Congreso tienen información sobre la voluntad inequívoca de
la guerrilla de negociar si se aprueba el marco jurídico por la paz? Si es así,
¿no debería ser una información pública, sujeta al escrutinio de la ciudadanía?
Pero sobre todo, ¿no les deberían exigir hechos de paz antes seguir avanzando? Y
si no es así, ¿no han pensado que pueden estar modificando la Constitución para
una situación hipotética y quizás irreal?
Ante estas dudas, preocupa que
el Gobierno y el Congreso estén empeñados en ofrecerle a la guerrilla una
zanahoria que quizás rechazará. Y no darían la impresión de hacerlo a cualquier
costo si la votación de la semana pasada se hubiera aplazado o modificado
sustancialmente (como lo sugirió un editorial de El Mundo) por cuenta de lo ocurrido esa mañana, más aún, teniendo
en cuenta que los primeros indicios de la policía apuntaron inequívocamente
hacia las Farc. Pero no fue así. Y para colmo, Santos felicitó “la templanza”
del Congreso “por no dejarse presionar”. ¿No era él quien decía que sólo los
imbéciles no cambian de opinión cuando cambian las circunstancias?
Entonces, o en el atentado no
tuvieron nada que ver las Farc –parece pronto para exculparlas–, o el hecho sí tuvo
que ver con el acto legislativo, y deberíamos interpretar el escenario con este
dato. Y es que si uno revisa la historia reciente del país llega a la
conclusión de que muy probablemente estamos ante una demostración de fuerza de
la guerrilla para generar presión entre la sociedad y la dirigencia, mostrando
que la negociación no solo es conveniente, sino necesaria. Si es así, estamos
en el peor de los mundos: la guerrilla envalentonada, recuperando terreno, y
nuestros dirigentes mirando a ver cómo minimizan (o esconden) lo que pasa.
Publicado en El Mundo, Medellín 25 de mayo de 2012.
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