Impunidad, lo que se debe reformar
El libro “¿Por qué lo mataron?” es una contundente confirmación de que la escandalosa impunidad es lo que se debe reformar en la Administración de Justicia. Quince años después del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, una de las plumas más lúcidas y uno de los políticos de mayor talante ético del país, su hermano, el senador Enrique Gómez hace una síntesis del voluminoso expediente para documentar cómo la negligencia, la conveniencia y la calculada torpeza de la Fiscalía General de la Nación han impedido que se conozca la verdad de lo que ocurrió aquella triste mañana del 2 de noviembre de 1995, en las afueras de la Universidad Sergio Arboleda.
Homenaje póstumo a un líder cuya muerte violenta presentía, pues sabía de la creciente incomodidad que sus ideas representaban para el Régimen, “¿Por qué lo mataron?” es también un testimonio más de la estrecha relación que ha existido entre la mafia y algunos sectores de la política nacional. Cuesta entender cómo las mismas instituciones estatales como la Fiscalía y la Corte Suprema, que, en varios casos de la parapolítica han actuado con celeridad y valentía, en este, por el contrario, han minimizado evidencias, perseguido pruebas y teorías falsas cual sabuesos despistados, y han sido poco acuciosos a la hora de investigar y acusar a los responsables. Sorprende que algunos jueces y fiscales le den plena credibilidad a los testimonios de algunos mafiosos o paramilitares y, por el contrario, otras declaraciones las descalifiquen de entrada o las ignoren sistemáticamente cual expresiones de locos, pero sin interdicción.
En este tiempo, algunos medios de comunicación han jugado un papel irresponsable. Aunque inflexibles a la hora de desacreditar a ciertos personajes públicos, en este caso han sido inexplicablemente condescendientes con otros que, a pesar de las dudas que persisten sobre su conocimiento o intervención en el magnicidio, hoy siguen dictando cátedra de moral pública y de juridicidad en sus páginas y programas, como Alfonso Gómez Méndez, Ramiro Bejarano, Horacio Serpa y, por supuesto, Ernesto Samper, hábil para poner cortinas de humo mediáticas que son tomadas por algunos desorientados comunicadores como interesantes propuestas de un estadista, pero que contribuyen a olvidar que su responsabilidad en el magnicidio nunca ha sido investigada con seriedad. Parecería que lo medios tienen su propio santoral y también, por supuesto, su elenco de villanos.
“¿Por qué lo mataron?” es una descarnada radiografía de nuestra justicia. Documenta el nivel de infiltración de la mafia en los organismos jurisdiccionales, la connivencia de un sector de la clase política con la delincuencia, la arbitraria selectividad que tienen algunos jueces y fiscales para condenar o acusar, la conveniencia del paso del tiempo cuando de impunidad se trata.
La impunidad, eso es lo que se debe reformar en la administración de justicia, pues aquella crea las condiciones para que se atice la violencia, para que los ciudadanos busquen hacer justicia por su propia mano. La impunidad, escribía Álvaro Gómez, “es la causa principal de que la justicia no merezca el respeto de la opinión pública”. Sin justicia nunca tendremos paz ni orden, pues “cuando la justicia no es capaz de condenar, tampoco es capaz de absolver”. Por ello, el mayor activo de los jueces y fiscales es la legitimidad y la imparcialidad. Aquella no se obtiene mediante la reiterada e imprudente exposición mediática, ni ésta es el producto de una justicia que favorece a los amigos y perjudica a los enemigos, algo que nos indigna desde Platón. Aún hoy, quince años después.
Apostilla: ¿Hay algo más inocuo que la defensoría del cliente de los bancos?
Publicado en El Mundo, Medellín, 9 de septiembre de 2011.
Bogotá, 8 de septiembre de 2011.
Homenaje póstumo a un líder cuya muerte violenta presentía, pues sabía de la creciente incomodidad que sus ideas representaban para el Régimen, “¿Por qué lo mataron?” es también un testimonio más de la estrecha relación que ha existido entre la mafia y algunos sectores de la política nacional. Cuesta entender cómo las mismas instituciones estatales como la Fiscalía y la Corte Suprema, que, en varios casos de la parapolítica han actuado con celeridad y valentía, en este, por el contrario, han minimizado evidencias, perseguido pruebas y teorías falsas cual sabuesos despistados, y han sido poco acuciosos a la hora de investigar y acusar a los responsables. Sorprende que algunos jueces y fiscales le den plena credibilidad a los testimonios de algunos mafiosos o paramilitares y, por el contrario, otras declaraciones las descalifiquen de entrada o las ignoren sistemáticamente cual expresiones de locos, pero sin interdicción.
En este tiempo, algunos medios de comunicación han jugado un papel irresponsable. Aunque inflexibles a la hora de desacreditar a ciertos personajes públicos, en este caso han sido inexplicablemente condescendientes con otros que, a pesar de las dudas que persisten sobre su conocimiento o intervención en el magnicidio, hoy siguen dictando cátedra de moral pública y de juridicidad en sus páginas y programas, como Alfonso Gómez Méndez, Ramiro Bejarano, Horacio Serpa y, por supuesto, Ernesto Samper, hábil para poner cortinas de humo mediáticas que son tomadas por algunos desorientados comunicadores como interesantes propuestas de un estadista, pero que contribuyen a olvidar que su responsabilidad en el magnicidio nunca ha sido investigada con seriedad. Parecería que lo medios tienen su propio santoral y también, por supuesto, su elenco de villanos.
“¿Por qué lo mataron?” es una descarnada radiografía de nuestra justicia. Documenta el nivel de infiltración de la mafia en los organismos jurisdiccionales, la connivencia de un sector de la clase política con la delincuencia, la arbitraria selectividad que tienen algunos jueces y fiscales para condenar o acusar, la conveniencia del paso del tiempo cuando de impunidad se trata.
La impunidad, eso es lo que se debe reformar en la administración de justicia, pues aquella crea las condiciones para que se atice la violencia, para que los ciudadanos busquen hacer justicia por su propia mano. La impunidad, escribía Álvaro Gómez, “es la causa principal de que la justicia no merezca el respeto de la opinión pública”. Sin justicia nunca tendremos paz ni orden, pues “cuando la justicia no es capaz de condenar, tampoco es capaz de absolver”. Por ello, el mayor activo de los jueces y fiscales es la legitimidad y la imparcialidad. Aquella no se obtiene mediante la reiterada e imprudente exposición mediática, ni ésta es el producto de una justicia que favorece a los amigos y perjudica a los enemigos, algo que nos indigna desde Platón. Aún hoy, quince años después.
Apostilla: ¿Hay algo más inocuo que la defensoría del cliente de los bancos?
Publicado en El Mundo, Medellín, 9 de septiembre de 2011.
Bogotá, 8 de septiembre de 2011.

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