¿Tolerancia o cárcel?

El racismo, abierto o disimulado, es una de las mayores taras de nuestra sociedad. Pero un congresista del movimiento Mira parece haber encontrado la solución al mismo: ¡cárcel y multa para los racistas! Así es, una ingeniosa propuesta legislativa avanza en el Congreso y sancionaría con cárcel entre 1 y 3 años y multas hasta de quince salarios mínimos legales mensuales a quienes discriminen a los miembros de comunidades afrocolombianas, palenqueras y raizales. Unos artículos más para nuestro abultado código penal, unos procesos más para nuestra atiborrada Fiscalía. ¡Qué creatividad!

Tan sorprendente como la propuesta es la justificación que ha esgrimido su promotor, el senador Carlos Alberto Baena. Ha dicho que se trata de “acciones afirmativas, acciones de equidad”. Acciones afirmativas sería una ley de cuotas para garantizar la presencia de aquellos en las entidades públicas, por ejemplo. Salvo que alguien piense que la cárcel es una acción afirmativa. Aunque más asombroso es que afirme que “la cultura no ha funcionado, y acá toca, porque la gente se está empobreciendo”. Según él, “no se ha cambiado la cultura, entonces hay que acudir a la penalización”, pues “es sobretodo un tema de pobreza”.

Aunque tengo la leve sospecha de que estamos ante un caso más de populismo legislativo, pues en el Chocó, en el Valle y en las regiones donde hay una importante población negra también votan, no veo cómo se puede diagnosticar sin mayor sustento que la cultura contra el racismo no ha funcionado. O que la penalización combate la pobreza. ¿Dónde están los indicadores de ello? ¿Se pueden juzgar los fenómenos culturales con base en casos dramáticos, y por fortuna aislados, de discriminación hacia las personas de color? ¿O se trata hábilmente de apelar a los buenos deseos de la gente sin analizar si la propuesta contribuye real y eficazmente a solucionar el problema?

El racismo es un problema serio que hay que repudiar y tratar de corregir, y quizás, nos falta más reproche social hacia los racistas. Pero echar mano del derecho penal para cambiar conductas es, cuando menos, facilista e inoportuno. ¿Cuánta gente habría que meter a la cárcel para acabar el racismo? ¿Para defender la plena igualdad de los negros han sido ineficaces los mecanismos de protección de derechos fundamentales que consagró la Constitución? ¿Hay que legislar para cada grupo que se sienta discriminado, y con ello reconocer que estos no están amparados por los derechos fundamentales consignados en la Constitución? Paradójicamente, uno de los casos que se invocan es el de una mujer que no le permitieron entrar a una discoteca por su color de piel. Y es que, también acá, a veces ni siendo el mago de Oz ni llegando en triadas, les permiten a los negros ingresar en algunos establecimientos. Pero por fortuna, en casos como estos, la Corte Constitucional ha corregido esta discriminación injusta.

Existen varias razones filosóficas liberales en contra de iniciativas como ésta, que se asemejan a los llamados “crímenes de odio”. Cito una: “una sociedad democrática que cree en la libertad no debe poner limitaciones para las ideas, ni siquiera para las más absurdas y aberrantes”, escribía hace unos años Mario Vargas Llosa cuando el Parlamento Europeo decidió penalizar la negación del Holocausto. Pienso igual. Una sociedad se hace realmente liberal en la medida que esté dispuesta a asumir el costo del ejercicio razonable de la libertad individual, y no en la medida que amedrenta a los ciudadanos con sanciones por no seguir unos parámetros deseables.

La tolerancia no se impone por ley, ni los ciudadanos valorarán el pluralismo porque se los amenace con ir a prisión. El respeto por los demás no es un asunto del que deba ocuparse el derecho penal, pues éste, no hay que olvidarlo, es el último recurso para sancionar las conductas más graves. Considerando nuestra precaria cultura ciudadana, es absurdo que se piense en castigar antes que en promover medidas culturales y sociales eficaces; en multar antes que en concientizar. Senador Baena: ¿no le parece que para combatir la discriminación hay que ser más ingeniosos, y para juzgar los efectos de la cultura antirracista hay que dejar pasar, por lo menos, la próxima elección?

Publicado en El Mundo, Medellín, 16 de diciembre de 2010.
Bogotá, 14 de diciembre de 2010.

Comentarios

Anónimo dijo…
Yo estoy de acuerdo con este nuevo Proyecto de Ley, me parece oportuno y apropiado; creo que estábamos muy atrasados en la temática del Racismo. Esta claro y demostrado con Hechos que "la cultura y la educación sobre la aceptación de las poblaciones afrodescendientes" No ha dado resultado, en esta época con tristeza se ve en Colombia la discriminación y el Racismo, lamentablemente hay que corregir con Sanciones para que aprendamos obrar con Etica y Valores sin acepción de personas.
Anónimo dijo…
Dr. Garzón,

Excelente columna... estoy totalmente de acuerdo con usted. El proyecto de ley defiende desde mi punto de vista, varias ideas absurdas y destaco una: Según Baena, la sociedad colombiana debe aprender a repudiar el racismo "a las buenas o las malas". Desafortunadamente, la vía elegida ("a las malas o a la brava") implica una restricción desproporcionada de Derechos fundamentales. Bajo ese planteamiento cualquier política educativa o cultural Estatal que no haya tenido una buena recepción por parte del público, debería ser entonces interiorizada y obedecida por la fuerza (amenaza de prisión), lo cual es absurdo.

Creo que esa disposición es inconstitucional y si es aprobada por el Congreso, debería ser declarada inexequible por la Corte Constitucional.

Saludos,

Vicente B.
ElAlispruz dijo…
Iván... comparto tu idea de que penalizar el racismo es un absurdo, te lo digo porque soy partidario de un minimalismo en derecho penal. Sin embargo te tengo dos preguntas:

1. ¿No está ya en Colombia penalizado indirectamente esa clase de conductas mediante el tipo de "Apología al genocidio"? ¿Cuál sería la diferencia entre el proyecto y este artículo?

2. Desde tu razonamiento (como la frase que citaste de Vargas Llosa) ¿Deberíamos derogar la "apología del genocidio" como delito?

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