La criminalización del debate público
Además de los frecuentes prejuicios, descalificaciones y agravios con los que en el debate público nacional se suelen abordar ciertos temas, un aspecto que lo empobrece es la creciente criminalización de los personajes e ideas que intervienen en este. La mejor forma de controvertir a alguien públicamente parece ser insinuando que es un criminal, que mantiene vínculos con la delincuencia de cualquier tipo, que es el responsable de algún delito, denunciarlo por injuria y calumnia, o sugerir que tiene afinidad con una tendencia que, a veces, adquiere carácter punible simplemente por ser denostada mediáticamente. El inculpado sale mejor librado cuando se trae a cuento que está siendo investigado por un organismo judicial. En este contexto, esto ya representa una deshonra, cuando no un preludio al castigo jurídico. Desvirtuada, la presunción de inocencia ha sido sustituida por la presunción de culpabilidad. La buena fe del adversario ideológico no se puede presumir: es una indulgencia excesivamente generosa.
Esta omnipresencia de lo criminal y lo punible transmite la imagen de un país de delincuentes, de un debate público cuyo epicentro son la Fiscalía y los juzgados penales. Es un hecho que los grupos armados ilegales y el narcotráfico han infiltrado al Estado y han puesto a cientos de funcionarios a su servicio. Sin embargo, que los Granados, los Lombanas y los Bejaranos tengan más presencia en los medios que académicos, intelectuales, o el ministro de cultura o educación, habla por sí solo del nivel de nuestra democracia.
En la criminalización del debate público tienen una gran responsabilidad los medios de comunicación. Las noticias judiciales son pan de cada día. No hay día en que no escuchemos hablar de denuncias, principios de oportunidad, imputaciones, condenas, investigaciones, acusaciones formales u otras medidas semejantes. Más aún, los periodistas entrevistadores asumen de oficio el papel de fiscales, de inculpadores, de jueces severos. Y, en un círculo vicioso, el poder judicial se sirve de estas piezas como si la recolectasen investigadores judiciales profesionales. Así, el derecho penal ha dejado de ser asunto de ultima ratio o último recurso para convertirse en la ciencia profana que todos tienen que entender, al menos, en lo fundamental. El síndrome parece afectar a otros países: ante la muerte de una joven que fue agredida por un hombre en el metro de Roma, el alcalde de la ciudad señaló que va a pedir que se judicialice a quienes no la auxiliaron. Como si la indolencia ciudadana fuera cuestión únicamente del derecho penal, y no de cultura ciudadana, de solidaridad, de caridad. ¡Y de política!
La política se ha judicializado, y con ella, el debate sobre las cuestiones públicas que importan a todos. Paradójicamente, acá se habla mucho de derecho, pero carecemos de cultura normativa y cultura ciudadana. Los gobernantes siguen creyendo que los comportamientos justos se pueden imponer desde arriba, con códigos, con más leyes, con penas más severas, asustando al ciudadano con la furia del Leviatán. No es casual que en esa línea esté orientada la propuesta gubernamental de seguridad urbana.
Para darle altura al debate público hay que exigirles a los formadores de opinión que hablen con la verdad, la cual no suele coincidir con el resultado de procesos judiciales ni de consensos mediáticos. La verdad requiere superar prejuicios, confesar amistades, pero sobre todo, ser honesto en la exposición de las ideas. Requerimos también una auténtica dialéctica política. El que piensa diferente a mí, no solo tiene derecho a hacerlo, sino que tiene razones para hacerlo. Las ideas se combaten con ideas, y en esta disputa, debe vencer el mejor argumento, la idea más razonable. No la políticamente correcta, la que esgrima el más poderoso o el más fuerte.
Sin verdad y sin dialéctica de ideas, seguiremos siendo una sociedad en la que el derecho cumple una triste función: servir de instrumento de amedrentamiento de unos contra otros. En vez de ser un modo de civilización y orden, el derecho deviene en una forma de lucha de todos contra todos. Ojalá el derecho (penal) no siga desplazando el papel de la política. Necesitamos más debate político, y menos litigio.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010.
Esta omnipresencia de lo criminal y lo punible transmite la imagen de un país de delincuentes, de un debate público cuyo epicentro son la Fiscalía y los juzgados penales. Es un hecho que los grupos armados ilegales y el narcotráfico han infiltrado al Estado y han puesto a cientos de funcionarios a su servicio. Sin embargo, que los Granados, los Lombanas y los Bejaranos tengan más presencia en los medios que académicos, intelectuales, o el ministro de cultura o educación, habla por sí solo del nivel de nuestra democracia.
En la criminalización del debate público tienen una gran responsabilidad los medios de comunicación. Las noticias judiciales son pan de cada día. No hay día en que no escuchemos hablar de denuncias, principios de oportunidad, imputaciones, condenas, investigaciones, acusaciones formales u otras medidas semejantes. Más aún, los periodistas entrevistadores asumen de oficio el papel de fiscales, de inculpadores, de jueces severos. Y, en un círculo vicioso, el poder judicial se sirve de estas piezas como si la recolectasen investigadores judiciales profesionales. Así, el derecho penal ha dejado de ser asunto de ultima ratio o último recurso para convertirse en la ciencia profana que todos tienen que entender, al menos, en lo fundamental. El síndrome parece afectar a otros países: ante la muerte de una joven que fue agredida por un hombre en el metro de Roma, el alcalde de la ciudad señaló que va a pedir que se judicialice a quienes no la auxiliaron. Como si la indolencia ciudadana fuera cuestión únicamente del derecho penal, y no de cultura ciudadana, de solidaridad, de caridad. ¡Y de política!
La política se ha judicializado, y con ella, el debate sobre las cuestiones públicas que importan a todos. Paradójicamente, acá se habla mucho de derecho, pero carecemos de cultura normativa y cultura ciudadana. Los gobernantes siguen creyendo que los comportamientos justos se pueden imponer desde arriba, con códigos, con más leyes, con penas más severas, asustando al ciudadano con la furia del Leviatán. No es casual que en esa línea esté orientada la propuesta gubernamental de seguridad urbana.
Para darle altura al debate público hay que exigirles a los formadores de opinión que hablen con la verdad, la cual no suele coincidir con el resultado de procesos judiciales ni de consensos mediáticos. La verdad requiere superar prejuicios, confesar amistades, pero sobre todo, ser honesto en la exposición de las ideas. Requerimos también una auténtica dialéctica política. El que piensa diferente a mí, no solo tiene derecho a hacerlo, sino que tiene razones para hacerlo. Las ideas se combaten con ideas, y en esta disputa, debe vencer el mejor argumento, la idea más razonable. No la políticamente correcta, la que esgrima el más poderoso o el más fuerte.
Sin verdad y sin dialéctica de ideas, seguiremos siendo una sociedad en la que el derecho cumple una triste función: servir de instrumento de amedrentamiento de unos contra otros. En vez de ser un modo de civilización y orden, el derecho deviene en una forma de lucha de todos contra todos. Ojalá el derecho (penal) no siga desplazando el papel de la política. Necesitamos más debate político, y menos litigio.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010.
Comentarios
Cortes? Magistrados?.... Para que????? Si RCN y CARACOL crean a diario derecho. Se reinventaron el principio de presunción de inocencia: “todos son culpables hasta que Darío Arizmendi les demuestre lo contrario”.
Viva la Justicia Colombiana carajo!!!!