La pesadilla de un comparendo
Viernes en la noche. Regresaba del trabajo, y a tres cuadras de mi casa, había un retén de la policía. Le mostré mis documentos al agente, y me hizo notar que el seguro obligatorio estaba vencido hacía diez días. Yo sé, le dije, pero como soy asalariado, tengo que esperar hasta fin de mes que me paguen y renovarlo. “Me toca reportarlo con el tránsito”. Le insisto, no he tenido plata para renovarlo, pero “haga lo que tenga que hacer”. Luego vino el tránsito con la libreta de comparendos, y lo diligenció. Mire, “vivo a tres cuadras, y no he podido renovar el seguro”, le dije. “Me toca inmovilizar el vehículo”. ¿Pero puedo sacar el carro mañana? le pregunté, ingenuo. “No, hasta el lunes”. “Se les dañó el fin de semana a mis niños”, le dije, pues tenía pensado llevarlos a comer un helado el domingo. Después llegó la grúa. Media hora después salía de los patios, sin saber cuánto costaría este asunto, y por supuesto, renegando de mi mala suerte. Si la policía de tránsito fuera tan eficiente como en mi caso, manejar acá sería como hacerlo en Suiza, murmuraba.
El sábado a primera hora conseguí la plata prestada, compré el SOAT, y fui a averiguar cómo era el trámite. Aunque la oficina del tránsito estaba abierta y el carro amaneció en un parqueadero como cualquiera, ese día no se podía sacar. “Los que autorizan la salida no trabajan hoy, sólo de lunes a viernes”, me dijeron. “Señorita, pero ¿usted me puede informar cuánto me va costar todo?”, le pregunté. “El parqueadero y la grúa tiene que averiguarlo donde lo dejaron, el comparendo la cuesta $515.000” “¿Qué? ¡Pero si yo no estaba conduciendo embriagado, ni en un carro robado!”. “¿Usted me puede confirmar por lo menos que los documentos estén en regla?” No, los revisa otra persona. Yo sólo los recibo. “Ah, pero debe saber que los agentes tienen hasta 12 horas hábiles para reportar los comparendos”. Bueno, pero como están trabajando hoy –acababa de ver a la agente que “me partió”–, supongo que lo reportará hoy mismo, dije, optimista. “No, tienen hasta 12 horas desde el lunes, a veces lo hacen a las 8, a las 9, o después”. Calculé que 12 horas se vencían el martes. El lunes a las 9am, cuando tenía la orden de salida, en el parqueadero me dijeron que mi carro no se podía mover, porque había otros adelante. Había que esperar. Finalmente, salí a las 4pm. Resultado, una lección aprendida: no vuelvo a salir de mi casa sin el SOAT vigente, aunque quizás tanto por temor a un accidente como a repetir este tortuoso trámite. Todo me costó más de $700.000, más diez horas de mi tiempo, repartidas en tres días.
¿Por qué cuento esto? Porque me parece que las sanciones y los trámites de las infracciones de tránsito son desproporcionadas. Conllevan un abuso del derecho: procedimientos que nadie explica, sanciones económicas cuya presunción es que quien tiene carro es rico, trámites dilatorios (el parqueadero –en concesión– convenientemente cobra todo el fin de semana) e inciertos, como la espera a que el agente reporte el comparendo (como si no bastase la copia).
El problema de los comparendos, más que su cobro efectivo –como considera García Villegas–, es el abuso en el procedimiento y la inequidad de las multas. Las sanciones excesivas y desproporcionadas son ineficaces: fomentan las trampas y la corrupción. Pero además, son injustas, pues no guardan proporción entre el daño causado –en este caso eventual, por eso es un seguro– y la multa impuesta. Los comparendos sostienen una temible burocracia de la que se lucran muchos. Multas tan duras menoscaban la legitimidad del Estado pues hacen de algunos ciudadanos chivos expiatorios. Los decentes, los que acatan la orden de detenerse en un retén, hacen los trámites legalmente (sacrificando tiempo hábil de trabajo) y realizan el pago de una suma con la que vivirían un día, 350 pobres de este país.
Apostilla: Decretos de emergencia social. Una red de estudiantes-informantes en Medellín. El Gobierno se está equivocando. Y en materia grave.
Publicado en El Mundo, Medellín, 4 de febrero de 2010.
Bogotá, 2 de febrero de 2010.
El sábado a primera hora conseguí la plata prestada, compré el SOAT, y fui a averiguar cómo era el trámite. Aunque la oficina del tránsito estaba abierta y el carro amaneció en un parqueadero como cualquiera, ese día no se podía sacar. “Los que autorizan la salida no trabajan hoy, sólo de lunes a viernes”, me dijeron. “Señorita, pero ¿usted me puede informar cuánto me va costar todo?”, le pregunté. “El parqueadero y la grúa tiene que averiguarlo donde lo dejaron, el comparendo la cuesta $515.000” “¿Qué? ¡Pero si yo no estaba conduciendo embriagado, ni en un carro robado!”. “¿Usted me puede confirmar por lo menos que los documentos estén en regla?” No, los revisa otra persona. Yo sólo los recibo. “Ah, pero debe saber que los agentes tienen hasta 12 horas hábiles para reportar los comparendos”. Bueno, pero como están trabajando hoy –acababa de ver a la agente que “me partió”–, supongo que lo reportará hoy mismo, dije, optimista. “No, tienen hasta 12 horas desde el lunes, a veces lo hacen a las 8, a las 9, o después”. Calculé que 12 horas se vencían el martes. El lunes a las 9am, cuando tenía la orden de salida, en el parqueadero me dijeron que mi carro no se podía mover, porque había otros adelante. Había que esperar. Finalmente, salí a las 4pm. Resultado, una lección aprendida: no vuelvo a salir de mi casa sin el SOAT vigente, aunque quizás tanto por temor a un accidente como a repetir este tortuoso trámite. Todo me costó más de $700.000, más diez horas de mi tiempo, repartidas en tres días.
¿Por qué cuento esto? Porque me parece que las sanciones y los trámites de las infracciones de tránsito son desproporcionadas. Conllevan un abuso del derecho: procedimientos que nadie explica, sanciones económicas cuya presunción es que quien tiene carro es rico, trámites dilatorios (el parqueadero –en concesión– convenientemente cobra todo el fin de semana) e inciertos, como la espera a que el agente reporte el comparendo (como si no bastase la copia).
El problema de los comparendos, más que su cobro efectivo –como considera García Villegas–, es el abuso en el procedimiento y la inequidad de las multas. Las sanciones excesivas y desproporcionadas son ineficaces: fomentan las trampas y la corrupción. Pero además, son injustas, pues no guardan proporción entre el daño causado –en este caso eventual, por eso es un seguro– y la multa impuesta. Los comparendos sostienen una temible burocracia de la que se lucran muchos. Multas tan duras menoscaban la legitimidad del Estado pues hacen de algunos ciudadanos chivos expiatorios. Los decentes, los que acatan la orden de detenerse en un retén, hacen los trámites legalmente (sacrificando tiempo hábil de trabajo) y realizan el pago de una suma con la que vivirían un día, 350 pobres de este país.
Apostilla: Decretos de emergencia social. Una red de estudiantes-informantes en Medellín. El Gobierno se está equivocando. Y en materia grave.
Publicado en El Mundo, Medellín, 4 de febrero de 2010.
Bogotá, 2 de febrero de 2010.
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