¿Una tregua incomprendida o inconveniente?
En el problema de la violencia en Medellín, el Gobierno “no raja” (en todo caso, no ha podido hacerlo con eficiencia) “pero tampoco presta el hacha”. La Comisión por la Vida adelantaba gestiones para disminuir la violencia que tiene convulsionados a todos los medellinenses. Como la misma aparece en televisión no solo en los noticieros sino en la “telesicaresca de moda” como la llamó Juan José García Posada, la gente se acostumbra, pero la situación es grave. Por ello, es loable que un grupo de ciudadanos logren discretamente que los protagonistas de la violencia acordaran una tregua, incluso, indefinida.
Sin embargo, cuando se conoció públicamente quienes integraban la Comisión, el asunto tomó ribetes de escándalo, como si hubiesen hecho algo ilegal. Como acá muchos confunden ser inteligentes con ser “mal pensados”, vinieron los equívocos. Para María Jimena Duzán, “el pacto se fraguó a espaldas del país”. Falso: desde octubre la Comisión informó de sus gestiones al Gobierno nacional y municipal, dejando en claro que actuaría con confidencialidad. Es decir, no daría ruedas de prensa periódicamente ni anunciaría a los cuatro vientos sus resultados, deslizando con ello cuentas de cobro electorales, como hacen otros. Pero confidencialidad no es secretismo. El Tiempo editorializó señalando que una paz producto de una tregua entre sus protagonistas es de papel, y supone desinstitucionalización. Ignora el diario capitalino que las treguas siempre son de papel, pues dependen de la buena voluntad de las partes que las firman. Pero sobretodo, desconoce que lo que desinstitucionaliza es la violencia, no los acuerdos de paz, por frágiles que sean. Félix de Bedout insistió que se trataba de la “Donbernalidad 2”, tratando de legitimar –mediante su peculiar insistencia– lo que ya parece una leyenda urbana. En su analogía, esta lectura pasa por alto que algo va del presunto acuerdo entre un gobernante y los delincuentes, al pacto al que llegan los mismos delincuentes por los buenos oficios de unos ciudadanos.
Dada la tendencia sistemática de los medios a criticar, y que muchos periodistas conciben la suspicacia como una virtud, no me extrañó el equívoco suscitado. Lo que sí me parece miope políticamente, además de descortés con la Comisión, es la respuesta del Gobierno nacional. Sobre todo porque es evidente que una tregua entre “Sebastián” y “Valenciano” puede tomarse como un hecho complementario y concurrente, en vez de excluyente del papel del Estado. Así lo explicó Jaime Jaramillo. En las dinámicas actuales del poder, por estrategia, un Gobierno que quiera ser realmente eficaz en resolver un conflicto no puede apelar únicamente al uso de la fuerza (poder duro). ¿Se le había ocurrido a alguien en el Gobierno que estos combos podrían dejar de combatirse para proteger a sus familias? Ese dato, tan elemental, sí se le ocurrió a la Comisión, y al parecer tuvo efecto en los líderes de estas organizaciones (poder blando). Teniendo tanto conocimiento sobre la forma como ha realizado Piedad Córdoba sus gestiones humanitarias, es increíble que el Gobierno no haya podido distinguir las abismales diferencias de éstas y las de la Comisión. Desatinado además, que el Comisionado Frank Pearl haya hablado de avales, autorizaciones y desautorizaciones como si se estuvieran negociando en nombre del Gobierno Asambleas Constituyentes o no extradiciones. Y lo de Gabriel Silva, parece un nuevo chascarrillo.
¿Por qué en el caso de los estudiantes-informantes sí se apela a la cooperación ciudadana con la fuerza pública, y en este caso se tiende un manto de duda a la labor altruista de un grupo de civiles? ¡Qué concepto tan precario y conveniente tiene el Gobierno de la sociedad civil! ¿O será más bien que el control de la violencia se volvió un tema electoral, está siendo manipulado, y se perdió de vista que el fin supremo es defender la vida y la seguridad de las personas? ¿Les importa más quién saldrá en la foto? Si no es así, la Comisión debe seguir, aunque me temo que ya se tiraron en su trabajo.
Apostilla: “Rosario Tijeras” contribuye a la estigmatización de Medellín como una ciudad de hampones y sicarios. Los medellinenses no la deberíamos ver. Al menos por amor propio.
Publicado en El Mundo, Medellín, 18 de febrero de 2010.
Bogotá, 16 de febrero de 2010.
Sin embargo, cuando se conoció públicamente quienes integraban la Comisión, el asunto tomó ribetes de escándalo, como si hubiesen hecho algo ilegal. Como acá muchos confunden ser inteligentes con ser “mal pensados”, vinieron los equívocos. Para María Jimena Duzán, “el pacto se fraguó a espaldas del país”. Falso: desde octubre la Comisión informó de sus gestiones al Gobierno nacional y municipal, dejando en claro que actuaría con confidencialidad. Es decir, no daría ruedas de prensa periódicamente ni anunciaría a los cuatro vientos sus resultados, deslizando con ello cuentas de cobro electorales, como hacen otros. Pero confidencialidad no es secretismo. El Tiempo editorializó señalando que una paz producto de una tregua entre sus protagonistas es de papel, y supone desinstitucionalización. Ignora el diario capitalino que las treguas siempre son de papel, pues dependen de la buena voluntad de las partes que las firman. Pero sobretodo, desconoce que lo que desinstitucionaliza es la violencia, no los acuerdos de paz, por frágiles que sean. Félix de Bedout insistió que se trataba de la “Donbernalidad 2”, tratando de legitimar –mediante su peculiar insistencia– lo que ya parece una leyenda urbana. En su analogía, esta lectura pasa por alto que algo va del presunto acuerdo entre un gobernante y los delincuentes, al pacto al que llegan los mismos delincuentes por los buenos oficios de unos ciudadanos.
Dada la tendencia sistemática de los medios a criticar, y que muchos periodistas conciben la suspicacia como una virtud, no me extrañó el equívoco suscitado. Lo que sí me parece miope políticamente, además de descortés con la Comisión, es la respuesta del Gobierno nacional. Sobre todo porque es evidente que una tregua entre “Sebastián” y “Valenciano” puede tomarse como un hecho complementario y concurrente, en vez de excluyente del papel del Estado. Así lo explicó Jaime Jaramillo. En las dinámicas actuales del poder, por estrategia, un Gobierno que quiera ser realmente eficaz en resolver un conflicto no puede apelar únicamente al uso de la fuerza (poder duro). ¿Se le había ocurrido a alguien en el Gobierno que estos combos podrían dejar de combatirse para proteger a sus familias? Ese dato, tan elemental, sí se le ocurrió a la Comisión, y al parecer tuvo efecto en los líderes de estas organizaciones (poder blando). Teniendo tanto conocimiento sobre la forma como ha realizado Piedad Córdoba sus gestiones humanitarias, es increíble que el Gobierno no haya podido distinguir las abismales diferencias de éstas y las de la Comisión. Desatinado además, que el Comisionado Frank Pearl haya hablado de avales, autorizaciones y desautorizaciones como si se estuvieran negociando en nombre del Gobierno Asambleas Constituyentes o no extradiciones. Y lo de Gabriel Silva, parece un nuevo chascarrillo.
¿Por qué en el caso de los estudiantes-informantes sí se apela a la cooperación ciudadana con la fuerza pública, y en este caso se tiende un manto de duda a la labor altruista de un grupo de civiles? ¡Qué concepto tan precario y conveniente tiene el Gobierno de la sociedad civil! ¿O será más bien que el control de la violencia se volvió un tema electoral, está siendo manipulado, y se perdió de vista que el fin supremo es defender la vida y la seguridad de las personas? ¿Les importa más quién saldrá en la foto? Si no es así, la Comisión debe seguir, aunque me temo que ya se tiraron en su trabajo.
Apostilla: “Rosario Tijeras” contribuye a la estigmatización de Medellín como una ciudad de hampones y sicarios. Los medellinenses no la deberíamos ver. Al menos por amor propio.
Publicado en El Mundo, Medellín, 18 de febrero de 2010.
Bogotá, 16 de febrero de 2010.
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