La seguridad en la agenda nacional
A modo de diagnóstico del escaso registro que tienen en las encuestas los precandidatos del Partido Liberal, Humberto de la Calle comentaba hace unos días en el imperdible programa radial Hora 20, que lo que no habían logrado hacer aquellos es sacar la cuestión de la seguridad de la agenda política del país, y por ello no representan una diferencia perceptible para los ciudadanos, pues Álvaro Uribe había copado exitosamente la cuestión de la seguridad y de la guerra, tema en el que es electoralmente invencible. Lo que deben hacer, apuntaba de la Calle, es “cambiar la política”, es decir, cambiar el centro de la discusión. En su momento, el análisis me pareció muy acertado, y aplicable a otros precandidatos presidenciales. Sin embargo, planteado como estrategia política de esta incipiente campaña presidencial estoy en desacuerdo con esta formulación, pues precisamente lo que no hay que hacer hoy por hoy en la política colombiana es desplazar la cuestión de la seguridad.
Básicamente porque la profundización de la seguridad democrática es un clamor nacional. Obviamente el ciudadano que aprueba la gestión del Presidente en un índice estable y cercano al 70%, no está pensando que un ejemplo de seguridad democrática es la conducta del soldado que asesina civiles y luego les pone uniforme de guerrillero para canjearlo en su batallón un fin de semana libre. Tampoco lo es la utilización del DAS para chuzar los teléfonos y correos electrónicos de algunas personalidades del país. Está pensando (creo) que no se puede perder el terreno ganado desde 2002 bajo el ropaje de nuevas ofensivas guerrilleras, del rearme de bandas emergentes, del crecimiento del narcotráfico y la delincuencia común. Está pensando que las cifras de secuestros, atentados y homicidios se tienen que seguir reduciendo.
Hacer de la política de seguridad democrática una política de Estado no sólo coincide con la naturaleza de un Estado moderno, sino además con la prudencia y el buen juicio que deben tener quienes aspiran a gobernar el país. Acá estamos ante hechos, cifras y datos irrefutables que este Gobierno ha exhibido con absoluta contundencia. No se trata de una retórica bien diseñada, pues incluso las argumentaciones grandilocuentes de ciertos asesores quizás hayan contribuido a polarizar (y unificar) a los opositores. Tengo la impresión de que parte de las señales equívocas que el Presidente ha enviado de si quiere continuar o no en la Casa de Nariño después de 2010 obedecen a la falta de honestidad de algunos sectores de la oposición a reconocer los logros de esta política. Su error ha consistido en confundir la seguridad democrática como política de Estado con el estilo que le ha impreso el Presidente.
Cuando uno viaja fuera de Colombia comprueba la admiración que despierta en otras latitudes la gestión del Presidente precisamente por este asunto. No obstante, al regresar, uno se vuelve a chocar con la realidad de que somos un país con un conflicto armado cada vez más anacrónico en el mundo, al cual nos hemos acostumbrado. Precisamente por eso, quienes aspiran a gobernar el país no pueden hacer caso omiso de una realidad cuya solución sigue siendo demandada con urgencia por la ciudadanía. Con este hecho debe sintonizarse la estrategia electoral de los candidatos, pues pretender restarle relevancia o eludir su discusión sería irresponsable.
Por supuesto, no se trata de hacer de la seguridad democrática el único tema de campaña. En esta se deben incluir asuntos que están en mora de ser debatidos públicamente con mayor seriedad y amplitud: la pobreza, la falta de oportunidades, el desempleo, la ética de los funcionarios públicos, la calidad y la cobertura de la educación, la cultura cívica, la infraestructura vial, el diseño urbanístico de las ciudades, entre otros. Ojalá esta campaña no sea una colección de agravios mutuos cuya fecha de caducidad sea un futuro nombramiento diplomático. Sin embargo, la seguridad tiene que seguir siendo el tema prioritario de la agenda política nacional. Por lo menos hasta que nuestra dramática realidad cambie.
Apostilla: Valiente y pertinente la carta de Juan Gabriel Uribe en El Nuevo Siglo, en la que le pide al Procurador General esclarecer el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.
Bogotá, 9 de junio de 2009.
Publicado en El Mundo, Medellín, 11 de junio de 2009.
Básicamente porque la profundización de la seguridad democrática es un clamor nacional. Obviamente el ciudadano que aprueba la gestión del Presidente en un índice estable y cercano al 70%, no está pensando que un ejemplo de seguridad democrática es la conducta del soldado que asesina civiles y luego les pone uniforme de guerrillero para canjearlo en su batallón un fin de semana libre. Tampoco lo es la utilización del DAS para chuzar los teléfonos y correos electrónicos de algunas personalidades del país. Está pensando (creo) que no se puede perder el terreno ganado desde 2002 bajo el ropaje de nuevas ofensivas guerrilleras, del rearme de bandas emergentes, del crecimiento del narcotráfico y la delincuencia común. Está pensando que las cifras de secuestros, atentados y homicidios se tienen que seguir reduciendo.
Hacer de la política de seguridad democrática una política de Estado no sólo coincide con la naturaleza de un Estado moderno, sino además con la prudencia y el buen juicio que deben tener quienes aspiran a gobernar el país. Acá estamos ante hechos, cifras y datos irrefutables que este Gobierno ha exhibido con absoluta contundencia. No se trata de una retórica bien diseñada, pues incluso las argumentaciones grandilocuentes de ciertos asesores quizás hayan contribuido a polarizar (y unificar) a los opositores. Tengo la impresión de que parte de las señales equívocas que el Presidente ha enviado de si quiere continuar o no en la Casa de Nariño después de 2010 obedecen a la falta de honestidad de algunos sectores de la oposición a reconocer los logros de esta política. Su error ha consistido en confundir la seguridad democrática como política de Estado con el estilo que le ha impreso el Presidente.
Cuando uno viaja fuera de Colombia comprueba la admiración que despierta en otras latitudes la gestión del Presidente precisamente por este asunto. No obstante, al regresar, uno se vuelve a chocar con la realidad de que somos un país con un conflicto armado cada vez más anacrónico en el mundo, al cual nos hemos acostumbrado. Precisamente por eso, quienes aspiran a gobernar el país no pueden hacer caso omiso de una realidad cuya solución sigue siendo demandada con urgencia por la ciudadanía. Con este hecho debe sintonizarse la estrategia electoral de los candidatos, pues pretender restarle relevancia o eludir su discusión sería irresponsable.
Por supuesto, no se trata de hacer de la seguridad democrática el único tema de campaña. En esta se deben incluir asuntos que están en mora de ser debatidos públicamente con mayor seriedad y amplitud: la pobreza, la falta de oportunidades, el desempleo, la ética de los funcionarios públicos, la calidad y la cobertura de la educación, la cultura cívica, la infraestructura vial, el diseño urbanístico de las ciudades, entre otros. Ojalá esta campaña no sea una colección de agravios mutuos cuya fecha de caducidad sea un futuro nombramiento diplomático. Sin embargo, la seguridad tiene que seguir siendo el tema prioritario de la agenda política nacional. Por lo menos hasta que nuestra dramática realidad cambie.
Apostilla: Valiente y pertinente la carta de Juan Gabriel Uribe en El Nuevo Siglo, en la que le pide al Procurador General esclarecer el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.
Bogotá, 9 de junio de 2009.
Publicado en El Mundo, Medellín, 11 de junio de 2009.
Comentarios
Claramente, la seguridad es el primer paso para posteriormente atacar las problemáticas de fondo, que son las verdaderas causas del conflicto que vive nuestro país desde hace tantos años.
CESAR