Los abogados de la paz

La visión política de Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo ha sido una fortaleza del proceso de paz. Ambos entienden que la firma del Acuerdo es un eslabón del fin del conflicto y que la paz requiere participación ciudadana y cambios institucionales para que sea sostenible. Pero esa fortaleza empezó a desvanecerse en septiembre, cuando un puñado de abogados hicieron a las carreras el acuerdo sobre justicia restaurativa. Y ahora, el Gobierno y las Farc volvieron a demostrar su fe en que el éxito del proceso depende de las seguridades jurídicas y no de la sostenibilidad política. Que se trata de un tema de abogados.

Y es que lo acordado sobre la Jurisdicción de Paz y sobre el blindaje jurídico de los acuerdos parece obra de sofisticados abogados. Además del estilo farragoso y solemne que admitirá múltiples interpretaciones, los delata su espíritu: son textos hechos a la medida de los intereses de sus clientes y no de la sociedad. Por eso, si en el acuerdo sobre justicia se diluía la eventual responsabilidad de las Farc, en este, las instituciones (Congreso y Corte Constitucional) y los ciudadanos quedaron subordinados a las exigencias de unos insurgentes cortejados por un Gobierno ansioso de firmar, pero reacios a comprometerse con los aspectos decisivos de la negociación: Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR).

Con la Constitución como tótem y bajo el principio de la paz como derecho síntesis, los abogados encontraron un sofisticado camino para incorporar a nuestra manoseada Carta unos acuerdos en los que hasta ahora abundan los lugares comunes, las promesas estatales y los espacios en blanco. Lo llaman “blindar”, palabra ofensiva si se tiene en cuenta que luego de años de negociación las Farc no han contado la verdad de sus andanzas, no han entregado un peso a las víctimas y han pedido perdón desganadamente. ¿Deberíamos celebrar entonces que se blinden los acuerdos con una guerrilla que aún no da signos inequívocos de querer la paz?

  

Y así, en el mundo autorreferente de los abogados de la paz, el Congreso devino en notaría del proceso y de paso, reforzaron el mensaje que Palacio le envía a diario a la Corte Constitucional: ¿quieren la paz o la guerra? La audacia de los abogados fue controvertida por juristas eminentes, pero en el mismo tono: citando parágrafos e incisos que prohíben la institucionalidad excepcional alumbrada en La Habana. Aunque valientes, estos juristas eminentes parecen haber olvidado sus clases de Teoría del Estado y de Filosofía del Derecho, y por eso no se atreven a hablar de soberanía popular, legitimidad, poder constituyente o democracia. O quizás, no quieren que en los cócteles los llamen “enemigos de la paz”.

Aunque los abogados de la paz ya convencieron a muchos de que el proceso es un asunto de leyes e incisos, una paradoja los espera a la vuelta de la esquina: acá la mayoría de normas se obedecen pero no se cumplen. Si hubieran puesto atención en las clases de Sociología jurídica lo sabrían. 

Publicado en El Espectador, 17 de mayo de 2016, p. 23.