Seguir adelante sin olvidar

En 1958, 13 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes querían vivir tranquilamente y olvidar lo sucedido en la guerra, sobre todo en los campos de concentración de los nazis. “Este país quiere cosas dulces, no quiere saber la verdad”, decían. Sin embargo, tres fiscales se empeñan en sacar a la luz la verdad de lo ocurrido en Auschwitz para poder juzgar a los responsables. Además de identificarlos, deben hallar las pruebas que sustenten el proceso, todo ello, en contra de la mayoría que cree que olvidar es la mejor forma de seguir adelante.

Este es el argumento de La conspiración del silencio, una película alemana que se exhibe en estos días en las salas de cine y que muestra el dilema de una sociedad que al enfrentar su pasado violento tiene dos opciones: buscar la esquiva verdad de lo ocurrido o seguir adelante olvidándolo deliberadamente. Es el mismo dilema que enfrenta el país ante el fin del conflicto armado y que se renueva con cada punto acordado en La Habana.

Y aunque “no hay castigo adecuado para lo que ocurrió aquí”, como dicen en un pasaje de la cinta, corremos el riesgo de que en La Habana se imponga un acuerdo para seguir adelante olvidando o minimizando lo que ocurrió, una paz resignada. Por eso hay preguntas sobre el acuerdo de justicia que no se pueden dejar de hacer. No sólo porque “guardar silencio envenenaría nuestra democracia” sino porque muchos formadores de opinión siempre ven el vaso medio lleno en cada acuerdo, lo cual le aporta al debate entusiasmo y lugares comunes, pero simplifica lo que está en juego.

Si uno de los pilares del acuerdo es la centralidad a las víctimas, ¿por qué no se contemplaron mecanismos de reparación material y se aplazaron hasta el acuerdo final? ¿Por qué en el listado de acciones victimizantes de los actores del conflicto no se incluyó el secuestro ni las minas antipersonales? ¿La aprehensión de combatientes es lo mismo que secuestro de militares y policías? ¿El  Gobierno previó los efectos que tendrá aceptar el narcotráfico como delito conexo a la rebelión de las Farc contra el Estado?

Si la Jurisdicción Especial de Paz prevalecerá sobre la justicia ordinaria y podrá revisar y anular procesos y sentencias en firme, ¿esto no cuestiona gravemente la facultad del Estado para administrar justicia de manera legítima e imparcial? Si el Tribunal para la Paz pretende investigar y sancionar los delitos no amnistiables, ¿por qué tiene una competencia temporal indefinida y por qué recae potencialmente sobre cualquier ciudadano? ¿Significa eso que “este es un país de criminales”? ¿Es fiscalmente sostenible que el Estado concurra subsidiariamente en la reparación de las víctimas cuando los responsables no tengan cómo hacerlo? Si las Farc prometieron asumir su responsabilidad colectivamente, ¿se acordarán también reparaciones económicas colectivas?

Si esta paz termina debilitando las instituciones republicanas, o siendo fiscalmente insostenible o profundamente impopular, será una paz mal hecha. Necesitamos una paz para seguir adelante sin olvidar. 

Publicado en El Espectador, 9 de enero de 2015, p. 22.