Cautela, magistrados

El debate público sobre la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo evidencia la tendencia de activistas, políticos y formadores de opinión a defender ciertos mecanismos institucionales si sus resultados favorecerán sus posturas. Es como si dos equipos tuvieran que elegir una cancha neutral para jugar un partido, y antes de la votación ambos hicieran una encuesta para saber en qué lugar jugarían como de locales.

Para quienes las parejas del mismo sexo deben tener derecho a adoptar niños el asunto tiene que decidirlo la Corte Constitucional, pues “en un país tan conservador como Colombia, dejar los derechos de las minorías a la tiranía de las mayorías podría ser peligroso”, dice Semana. Es decir, presumen que allí triunfaría su postura.

Entre tanto, quienes consideran que las parejas de homosexuales no tienen derecho a adoptar niños vienen recolectando firmas para que el pueblo decida mediante un referendo, pues como sostiene la promotora de la iniciativa, la Senadora Viviane Morales, las mayorías silenciosas deberían poder pronunciarse.

Pero como las cuestiones políticas controversiales no son un juego, el asunto relevante no es qué postura gane o pierda esta vez. Se trata, en últimas, de la legitimidad de las decisiones sobre cuestiones que dividen a la sociedad. Y así como dejarle a nueve magistrados los asuntos políticos más controversiales pone en entredicho que en una democracia son los ciudadanos quienes toman las decisiones más trascendentales, también es cierto que convocar al pueblo para que decida en términos de todo o nada dejaría sin validez una de las posturas en conflicto, debilitando el pluralismo.

Luego, si el problema central de las cuestiones controversiales es de legitimidad, el órgano institucional llamado a resolverlas es el Congreso. Independientemente de la bien fundada crítica que tengamos sobre su desempeño, el Congreso es el órgano representativo de una democracia, el ámbito donde comparecen las diferentes posturas de los ciudadanos y donde éstas se resuelven buscando el interés general.

Exigir que el Congreso agende los temas divisivos y una mejor deliberación cuando se aborden es más constructivo y democrático que descalificar sistemáticamente el escenario de la representación política por sus previsibles resultados, algo que irresponsablemente abanderan los propios congresistas.

Hace unos años, el filósofo John Rawls y otros académicos le pidieron públicamente a la Corte Suprema de los Estados Unidos que asumiera una postura liberal sobre el suicidio asistido. Sin embargo, el mismo Rawls defendió luego el argumento de la cautela, que consiste en que los jueces deben dejarle al proceso político y a los estados federados la resolución de las cuestiones divisivas de la sociedad mientras se van decantando mejor las posiciones y se va consolidando un mayor consenso en torno a las mismas. A pesar de su opinión personal, Rawls abogó por una abstención razonada de los jueces.

No es tarde para que los Magistrados de la Corte Constitucional adopten el argumento de la cautela para un asunto que rechazan más del 80% de los ciudadanos. 

Publicado en El Espectador, 11 de febrero de 2015, p. 23.