Los jueces de la paz

Las Farc parecen ignorar que cada vez que leen un comunicado desde La Habana crecen las dudas de los ciudadanos sobre su real voluntad de paz. Las declaraciones de Pablo Atrato que los pacifistas fueron capaces de interpretar como ‘mea culpa’ y como un ‘paso trascendental’ fueron un homenaje a la ambigüedad: “hemos impactado a la población”, “asumiremos responsabilidad en lo que nos concierna por exceso de fuerza, error involuntario o consecuencias no previstas en circunstancias de guerra”, dijo.

El lenguaje tajante vino después: “nunca ha existido en las FARC-EP una política de determinación subjetiva para la victimización sistemática y deliberada contra la población”. Y por si quedaran dudas sobre el mensaje que querían enviar, pocos días después Marcos Calarcá leyó el documento “La rebelión frente a la paz como Derecho Síntesis”.

Allí señalan que las responsabilidades de la guerrilla no son en ningún caso por la comisión de crímenes de guerra (léase, matar intencionalmente, someter a tortura o a tratos inhumanos, infligir deliberadamente grandes sufrimientos, destruir bienes y apropiarse de ellos injustificadamente, privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona de sus derechos a un juicio justo e imparcial, tomar rehenes) ni de lesa humanidad (léase, asesinato, exterminio, traslado forzoso de población, privación grave de la libertad física, tortura, violación, embarazo forzado). Advierten también que nunca han perpetrado ataques intencionados contra la población civil.

¿Cómo interpretar esta bienvenida de las Farc al inicio de otra ronda de conversaciones? Leerlo como cinismo es lógico, pero tiene una capacidad limitada de comprensión política. Más bien, estamos ante discursos dirigidos a sus eventuales jueces: los de la Corte Penal Internacional. O, si prosperara tal esperpento, a los juzgadores de un Tribunal Penal Suramericano.

Si ello es así, las Farc estarían dejando constancias públicas de que su responsabilidad en la comisión crímenes durante el conflicto armado es parcial, limitada y condicionada. Sobre todo en aquellos delitos que la religión civil de los derechos humanos considera imprescriptibles e imperdonables, y cuyo juzgamiento habilita a sus sacerdotes a perseguirlos en cualquier lugar.

Con un Fiscal intentando obtener indultos y anmistías anticipadas bajo sofisticados conceptos como “cosa juzgada universal”, y un Presidente que estaría condimentando su retórica pacifista con giras europeas para excluir a los interlocutores del Estado de la lista de organizaciones terroristas, tal estrategia puede ser ingeniosa.

Pero aunque ingeniosa, es una mala estrategia política, pues los jueces de última instancia del proceso serán los ciudadanos con su refrendación y su apuesta por el posconflicto. Y lo que éstos captan con estos mensajes es la incapacidad de la guerrilla para hacer una autocrítica sincera que los lleve a reconocer que dejaron miles de víctimas porque cometieron (y lo siguen haciendo) deliberada y sistemáticamente actos crueles e inhumanos. Irónicamente, en el mismo documento advierten que el apoyo de “amplios sectores populares” es imprescindible para su existencia.

Mientras las Farc no reconozcan a sus víctimas sin eufemismos jurídicos ni indolentes peroratas subversivas será difícil hablar en serio de perdón. 

Publicado en El Espectador, 12 de noviembre de 2014, p. 32.