La captura 'legal' de las instituciones

El profesor Jorge Giraldo advirtió en El Colombiano (15/9/2013) que uno de los aspectos más preocupantes de la reciente encuesta Gallup es el alto índice de desaprobación que registran las instituciones colombianas: Sistema judicial (74%), Partidos políticos (74%), Congreso (67%), Corte Suprema de Justicia (53%), Corte Constitucional (44%), Fiscalía (42%), Procuraduría (32%), Contraloría (31%), y Policía (38%). Algunos son los más altos en lo que va de este siglo.

Tan importante como advertir este hecho es tratar de encontrar las razones a dicha situación. Mi hipótesis es que el desprestigio de las instituciones políticas es directamente proporcional a su partidización o captura por grupos de poder. Me explico.

Más de lo que parece, los ciudadanos perciben que las instituciones se convierten en fortínes políticos de los partidos, grupos de presión y tendencias ideológicas. Que quienes hablan con la solemnidad que les otorga un alto cargo en la burocracia estatal obran movidos por inquinas y componendas, que las decisiones que se defienden como estrictamente 'ajustadas a Derecho' no son capaces de disimular su interés directo en causar un efecto político partidista, que a la hora de defender sus privilegios los funcionarios públicos actúan con envidiable sincronización, como lo evidenció la fallida reforma a la justicia.

Los medios, aún en su selectividad, viven a la caza de escándalos, pues son insuperables episodios de entretenimiento y morbo colectivo. De contera, ello contribuye a aguzar la percepción de que lo público es manejado con ánimo de colonización de ciertos intereses. Las redes sociales han ayudado a movilizar la opinión ciudadana, particularmente bajo la forma de la indignación momentánea y a veces efímera pero, al fin y al cabo, representativa de ciudadanos cada vez menos indiferentes hacia las prácticas de captura de lo público.

En la medida que las instituciones pierden la capacidad de situarse por encima de las disputas y controversias particulares o grupales, son causa de división y apatía ciudadana. La selectividad de los procedimientos y los plazos, la sospecha que recae sobre algunas pruebas, el desmedido afán de aplauso mediático de algunos funcionarios, las inquinas personales no disimuladas, y las ya proverbiales ineficaces y engorrosas tramitologías le dejan al ciudadano el sabor de unas instituciones puestas al servicio de intereses específicos, poniendo en entredicho su legitimidad.

Acá se ha reparado en la captura de las instituciones políticas por parte de grupos ilegales armados. Pero no es un problema menor la captura de las mismas por parte de grupos de poder o intereses sectoriales que pretenden revestir de legalidad sus comportamientos. Aunque sus medios son diferentes, su propósito es el mismo: poner al Estado y a los ciudadanos a su servicio, en una absoluta desidia por el bien común.

Por definición, las instituciones políticas están al servicio de todos los ciudadanos. Son públicas y no privadas porque cumplen funciones que se refieren al público en general y prestan servicios a todos los ciudadanos. Pero cuando el Estado (es decir, sus gobernantes y funcionarios) no actúa conforme a la justicia se convierte en una "gran banda de ladrones" (San Agustín). 

Publicado en Revista Posición, 24 de septiembre de 2013.