Vivir dignamente

En el país hay debates cíclicos. El de la eutanasia es uno de ellos. En 1997 la Corte Constitucional declaró que el médico que ayudara a morir a un paciente terminal que sufría intensos dolores no debía ser ir a la cárcel, es decir, despenalizó la eutanasia. Hace 15 años, como ahora, la Corte se extralimitaba en sus funciones, y por eso “exhortó” al Congreso a regular esta materia, insinuándole que asumiera su sentencia como la exposición de motivos de la ley. 

Después de varios intentos, otra vez cursa en el Congreso un proyecto que pretende convertir en derecho lo que es una absoluta contradicción de la responsabilidad personal y la ética médica. La eutanasia, llamada eufemísticamente “muerte digna”, se aprobaría mediante el proyecto de ley “Terminación de la vida de una forma digna y humana y Asistencia al Suicidio”, presentado por el senador Armando Benedetti. Esta semana fue aprobado en primer debate. 

En el mundo actual, la discusión sobre los asuntos antropológicos y éticos se da en clave de derechos. Esto enturbia un poco las cosas, pues que alguien tenga un derecho implica que un tercero está obligado a obrar de determinada manera. Y si un enfermo tiene “derecho” a la eutanasia, ¿quién está obligado a practicársela? Es un error de este tiempo pretender determinar qué es bueno o malo declarando derechos, pues al fin y al cabo lo jurídico se refiere a unos aspectos muy precisos de la conducta social, pero no a toda la vida humana. Asimismo, conviene deshacer el equívoco de que quienes estamos en contra de ciertos derechos ‘progresistas y liberales’ estamos en contra del progreso social. No es así. Solo que dicho progreso no debe darse desconociendo nuestros valores fundamentales. Y la vida es uno de ellos.  

En la eutanasia no está en juego principalmente una cuestión de derechos, sino un problema más profundo y complejo: el sentido personal de la vida y de la muerte. O la vida se considera un valor relativo, y por lo tanto, la decisión de morir o de suicidarse es válida; o la vida se considera un bien inviolable del que no se puede disponer voluntariamente. Como se trata de un asunto esencialmente antropológico y ético, las personas deben sopesar el valor de dicho bien. Con una advertencia: la inviolabilidad de la vida es la condición material para poder disfrutar de los demás bienes humanos. 

No se puede confiar en la decisión de morir que es tomada anticipadamente y que se manifiesta ante un notario en un momento en el que no se puede tener plena conciencia de qué ocurrirá si se llegara a sufrir una enfermedad terminal. Aterra además pensar que los médicos puedan ser obligados y presionados a aplicar la eutanasia a pacientes que consideran que tienen posibilidades de curación que quizás en un momento no aparecen tan claras. A veces, sólo el tiempo se encarga de mostrar  destellos de esperanza frente a lo que había sido declarado irremediable. 

El reto de vivir dignamente implica no buscar razones para morir anticipadamente. Y si el Estado autoriza morir a una persona por medio de un médico se hace cómplice de una injusticia, la más grave pues es irremediable: atentar contra la propia vida. 

Publicado en El Mundo, Medellín, 12 de octubre de 2012.